Art. 23.- El ente rector de Justicia y Derechos Humanos. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Coordinar con las instituciones que forman parte del Sistema, la elaboración de los instrumentos y protocolos para garantizar una ruta de atención y protección integral en los casos de violencia contra las mujeres; b) Administrar el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres en coordinación con el Ministerio del Interior y el Consejo de la Judicatura; c) Establecer las acciones y medidas que garanticen la atención integral de carácter gratuito, dirigidos a personas agresoras y potenciales agresores con la finalidad de reeducarla y reinsertarla socialmente; d) Brindar tratamiento penitenciario mediante especialistas de los centros de privación de la libertad para personas sentenciadas por actos de violencia contra las mujeres; e) Desarrollar programas de concienciación y sensibilización sobre la violencia contra las mujeres, dirigidos específicamente a adolescentes infractores; f) Regular y controlar el funcionamiento de las Casas de Acogida y Centros de Atención, con el fin de atender a las mujeres: niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia y en toda su diversidad; g) Hacer seguimiento y promover la implementación de las recomendaciones de los Comités Especializados de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano en materia de esta Ley; h) Fortalecer los Servicios Especializados de Protección Especial, detección, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; i) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres, dentro del ámbito de sus competencias; j) Establecer mecanismos de coordinación interinstitucionales, tanto en el ámbito nacional y local para la implementación de las políticas públicas de erradicación de la violencia hacia las mujeres; k) Establecer los mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación especializada para las niñas y las adolescentes con la finalidad de promover e impulsar cambios en los patrones culturales que mantengan la desigualdad entre niños y niñas y adolescentes hombres y mujeres; y, l) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 24.- El ente rector de Educación. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar la política pública de educación con enfoque de género, respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; b) Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación, materiales educativos dirigidos a la comunidad educativa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes; c) Garantizar la reinserción escolar, en cualquier parte del territorio nacional, a través de la reubicación de los niños, niñas y adolescentes, como mecanismo de protección, en cualquier tiempo; d) Establecer rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, acoso y violencia sexual dentro del ámbito educativo; difundirlos en la comunidad educativa; y, evaluarlos permanentemente en cuanto a su cumplimiento y efectividad; e) Fortalecer en todas las modalidades y niveles educativos la enseñanza de los derechos humanos de las mujeres, con eliminación de los mitos, hábitos y estereotipos que legitiman la violencia; f) Promover y fortalecer los programas de escuelas para madres y padres de familia con el fin fortalecer sus capacidades y orientar el desarrollo integral de sus hijas e hijos, con enfoque de género; g) Establecer mecanismos para la detección de los casos de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes en los centros educativos, la investigación multidisciplinaria y su derivación a las instituciones que conforman el Sistema; h) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes, al personal de los departamentos de consejería estudiantil y personal administrativo de las instituciones educativas en derechos humanosde las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres; i) Implementar en la malla curricular, contenidos sobre el enfoque de género respecto de los derechos de las mujeres; nuevos patrones socioculturales y masculinidades, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres; la prevención del acoso y abuso sexual; la prevención del embarazo adolescente; y los derechos sexuales y derechos reproductivos, entre otros; j) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las niñas, adolescentes, dependientes de víctimas de femicidios, y mujeres a la educación, con énfasis en la violencia sexual cometida dentro del sistema educativo, que permitan la actualización permanente del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; k) Coordinar con las entidades de Justicia, procesos de capacitación permanente, sobre los delitos de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito educativo; l) Establecer como un requisito de contratación y permanencia a todo el personal docente el no contar con antecedentes penales en casos de violencia contra las mujeres o abuso sexual; m) Generar programas y proyectos como becas y apoyo económico para garantizar el derecho de las niñas, adolescentes, madres adolescentes, dependientes de víctimas de femicidios, y mujeres, a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y culminación de sus estudios en todos los niveles y modalidades de educación; n) Diseñar e implementar medidas de prevención y protección, con énfasis en el ámbito rural, para evitar la deserción escolar de las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia y favorecer la continuidad de su proyecto de vida, o) Denunciar los delitos de violencia sexual contra las mujeres, niñas y adolescentes ante el sistema de administración de justicia, así como ponerlo en conocimiento de las instituciones que forman parte del Sistema, para el respectivo seguimiento, conforme con su competencia; p) Aplicar medidas de protección dentro del ámbito de sus competencias, a favor de niñas y adolescentes víctimas de violencia, sin perjuicio de las medidas que se establezcan en el marco del proceso judicial; q) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres, a través de medios tecnológicos que sean compatibles y actualicen el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; r) Implementar instrumentos y protocolos de detección y valoración de la situación de vulnerabilidad y riesgo; s) Fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil en materia de detección, atención y acompañamiento a las mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, creando espacios libres de injerencia de poder y de relaciones asimétricas que permitan la generación de confianza en los estudiantes y en el personal educativo para reportar casos de violencia; t) Garantizar la aplicación de las medidas administrativas de protección, establecidas en la presente Ley, a través de la instancia competente; u) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres, dentro del ámbito de sus competencias; v) Integrar en los currículos de los distintos niveles educativos los contenidos necesarios para educar en el respeto a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres; y, w) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 25.- Ente rector de Educación Superior. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar la política pública de educación superior con enfoque de género, respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; b) Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la comunidad educativa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; c) Garantizar la reinserción universitaria, en cualquier parte del territorio nacional, a través de la reubicación de las mujeres, como mecanismo de protección; d) Crear y actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; y, difundir los mecanismos de prevención y respuesta en la comunidad educativa; e) Implementar en todas las mallas curriculares la enseñanza de los derechos humanos de las mujeres, con eliminación de mitos, hábitos y estereotipos que legitiman la violencia; f) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones que conforman el Sistema, de los casos de violencia contra las mujeres, en el ámbito de sus competencias; g) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes y personal administrativo de las instituciones de educación superior, en derechos humanos de las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la subordinación de las mujeres; h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia y el acoso sexual cometidos dentro del sistema de educación superior, que permitan la actualización permanente del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; i) Coordinar con las entidades de Justicia procesos de capacitación permanente, sobre los delitos de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; j) Establecer como un requisito de contratación y permanencia de todo el personal docente, el no contar con antecedentes penales en casos de violencia contra las mujeres y abuso sexual; k) Generar mecanismos como becas, créditos y otras formas de apoyo económico para garantizar el derecho de las mujeres a la educación superior y a la permanencia y culminación de sus estudios; l) Denunciar los delitos de violencia sexual contra las mujeres ante el sistema de administración de justicia; m) Aplicar medidas de protección dentro del ámbito de sus competencias, a favor de las mujeres víctimas de violencia, sin perjuicio de las medidas que se establezcan en el marco del proceso judicial; n) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres víctimas de violencia, a través de medios tecnológicos que sean compatibles y actualicen el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; o) Implementar instrumentos y protocolos de detección y valoración de la situación de vulnerabilidad y riesgo de las mujeres; p) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, dentro del ámbito de sus competencias; q) Desarrollar procesos de investigación y estudio de las problemáticas de violencia de género contra las mujeres; y, r) Promover que las instituciones públicas y particulares de educación superior, incorporen en el ámbito de la investigación, estudios respecto del comportamiento de personas que cuentan con sentencia condenatoria ejecutoriada por femicidio en el Ecuador, para la elaboración de políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres, en coordinación con el ente rector del sistema; y, s) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 26.- El ente rector de Salud. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar la política pública de salud con enfoque de género, respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco de la Atención integral en Salud, con enfoque psicosocial, atención desde los principios bioéticos, prevaleciendo la confidencialidad y al derecho de la paciente; b) Garantizar de manera prioritaria en todos los hospitales y centros de salud, la atención y recuperación integral de la salud física y mental gratuita, a favor de las mujeres víctimas de violencia, lo que incluye exámenes, hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico; y, cualquier otra actividad necesaria para el restablecimiento de la salud; c) Garantizar áreas de primera acogida para las mujeres víctimas de violencia, con funcionamiento las veinticuatro horas en los establecimientos del sistema nacional de salud; d) Garantizar la protección de la salud integral a las mujeres embarazadas, víctimas de violencia. De manera prioritaria se protegerá la salud integral de las niñas y adolescentes embarazadas, víctimas de violencia y el acceso a todos los servicios de salud sexual y reproductiva existentes en el Sistema Nacional de Salud. El embarazo temprano en niñas y adolescentes será considerado de alto riesgo; e) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua sobre derechos humanos de las mujeres con enfoque de género respecto de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, dirigidos a profesionales de la salud y personal administrativo, con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las mujeres víctimas de violencia; f) Promover campañas sobre prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes, dirigidas a usuarios y usuarias del Sistema de Salud; g) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres, que actualicen permanentemente Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; h) Garantizar que la información relativa a mujeres víctimas de violencia sea debidamente ingresada en el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; i) Coordinar con la Fiscalía General del Estado el fortalecimiento de todos los procesos periciales en los distintos tipos de violencia y delitos sexuales; j) Asegurar, en la Red pública de salud integral, la atención integral y emergente de salud en situaciones de violencia sexual; k) Garantizar el acceso libre y gratuito, la atención integral, confidencial y sin discriminación a las mujeres con aborto en curso; l) Garantizar el acceso libre y gratuito sin ninguna discriminación a asesoría y métodos de anticoncepción temporales, definitivos, modernos, de calidad, seguros y eficaces; m) Elaborar y actualizar protocolos y guías de actuación de las instituciones de salud y de su personal ante los casos de violencia contra las mujeres; n) Fortalecer a los Técnicos de Atención Primaria en Salud y al personal de los Establecimientos de la Red Pública Integral de Salud, en detección, atención y acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia; o) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley dictadas por la autoridad competente; p) Coordinar con la Fiscalía General del Estado la ejecución de capacitación sobre procesos periciales en distintos tipos de violencia y delitos sexuales; q) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito de sus competencias; r) Asegurar atención especializada para las niñas y adolescentes, víctimas de violencia sexual, garantizando exámenes y tratamientos para la prevención de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH/SIDA y embarazo no planificado a causa de violencia, con consideración de protocolos especializados en salud adolescente, examen y tratamiento para trauma físico y emocional, recopilación de evidencia médica legal que considere su especificidad y necesidades; s) Fortalecer los protocolos de atención integral a favor de mujeres, niñas y adolescentes víctimas de violencia, en el marco del Sistema Nacional de Salud; y, t) Las demás que se establezca la normativa vigente.. Art. 27.- El ente rector de Seguridad Ciudadana y Orden Público. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Garantizar la aplicación de las medidas de protección urgentes establecidas en los protocolos, a favor de las niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; b) Diseñar la política pública de seguridad interna con enfoque de género, que garantice la prevención como medio para la erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; c) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos y enfoque de género dirigidos al personal técnico y administrativo del ente de seguridad ciudadana y orden público, así como de la Policía Nacional; d) Garantizar, previo a un análisis de riesgo, la vigilancia, resguardo o custodia policial en el lugar de residencia, centros de atención o casas de acogida en los que se encuentren las mujeres víctimas de violencia por el tiempo que sea necesario; e) Diseñar e Implementar el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres a través de medios tecnológicos que permitan la interoperabilidad con los sistemas informáticos de las instituciones que conforman el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar de la Violencia contra las mujeres y otras instituciones del sector público o privado que sean necesarias; f) Diseñar el proceso de homologación de instrumentos para el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las instituciones que forman parte del Sistema; g) Dictar la normativa necesaria para la estandarización de datos sobre violencia contra las mujeres, que incluya indicadores desagregados por etnia, edad, género, entre otras variantes; h) Implementar dentro de las Unidades de Policía Comunitaria y Unidades de Vigilancia Comunitaria, por lo menos un agente de policía especializado en procedimientos en contra de la Violencia contra las Mujeres; i) Articular el proceso de homologación de instrumentos para el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, en coordinación con las instituciones que forman parte del Sistema; j) Generar enlaces permanentes con las distintas formas de organización social y comunitaria, para coordinar actividades conjuntas en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; y, k) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 28.- El ente rector de Trabajo. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar la política pública de trabajo con enfoque de género que incluya la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; b) Elaborar y armonizar la normativa secundaria para el sector público y privado con el fin de sancionar administrativamente la violencia contra las mujeres, en el ámbito laboral; c) Diseñar e implementar programas de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en el ámbito laboral tanto en el sector público como en el privado y en los gremios de trabajadores y trabajadoras; d) Disponer medidas para evitar la discriminación en la selección, calificación, permanencia, remuneración y ascenso laboral de las mujeres; e) Desarrollar políticas y programas específicos para la incorporación de las mujeres víctimas de violencia al pleno empleo; f) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos y enfoque de género dirigido a los sectores público y privado; g) Otorgar a las mujeres víctimas de violencia, permisos y licencias laborales con remuneración no imputables a vacaciones, motivadas por los procedimientos judiciales que haya iniciado así como por las secuelas producidas por el hecho de violencia; h) Incentivar en el sector público y privado la implementación de acciones que permitan regular y equiparar los tiempos de cuidado entre hombres y mujeres; i) Fortalecer a Inspectoras e Inspectores del Trabajo en la detección y remisión de los casos de violencia contra las mujeres; j) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley, dictadas por la autoridad competente; k) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente relacionada con el ejercicio de los derechos de las mujeres en el ámbito de sus competencias; l) Elaborar y aplicar protocolos institucionales para promover denuncias de violencia, acoso laboral y sexual, en el ámbito laboral en contra de las mujeres; m) Sensibilizar, prevenir y controlar el trabajo infantil en las actividades que desarrolle el sector público, privado y comunitario y a quienes brindarán asistencia técnica, a fin de que incorporen en sus actividades y normativas institucionales disposiciones relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil; y, n) Las demás que establezca en la normativa vigente.. Art. 29.- El ente rector en políticas públicas en Inclusión Económica y Social. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar la política pública de inclusión económica y social con enfoque de género que establezca la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, en el marco de las competencias y población objetiva atendida, determinada para este ente rector; b) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, potenciales víctimas de violencia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; c) Implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres y reportar al ente encargado de las políticas públicas de justicia y derechos humanos, con el fin de actualizar periódicamente el Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; d) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua sobre derechos humanos de las mujeres, prevención de violencia, entre otros, dirigidos a su personal técnico y administrativo, así como a los beneficiarios de sus programas; e) Desarrollar políticas y programas específicos para la incorporación de las mujeres víctimas de violencia en el ámbito socioeconómico en coordinación con el sector privado; f) Generar programas de desarrollo socioeconómico y emprendimiento, dirigidos a mujeres víctimas de violencia y en situación de vulnerabilidad, que permitan su reinserción; g) Fortalecer sus servicios para la prevención, detección y referencia de los casos de violencia de sus usuarias y usuarios; h) Aplicar las medidas administrativas de protección establecidas en la presente Ley, dictadas por la autoridad competente; i) Vigilar y garantizar en el ámbito de su competencia y de la normativa vigente, el ejercicio de los derechos de las mujeres; y, j) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 30.- Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Son atribuciones de este Consejo Nacional para la Igualdad de Género, sin perjuicio de las establecidas en la respectiva normativa vigente, las siguientes: a) Realizar el seguimiento y la observancia de la ejecución de las políticas públicas para la implementación de esta Ley; b) Asesorar técnicamente a las diferentes entidades públicas en la transversalización del enfoque de género en el desarrollo de normativa secundaria y políticas para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, conforme con sus competencias y funciones; c) Coordinar con los otros Consejos de Igualdad, en especial con el Consejo de Igualdad Intergeneracional; d) Promover la participación y colaboración de las organizaciones de la sociedad civil que promueven los derechos para la igualdad y no discriminación; como un mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social; e) Vigilar la correcta aplicación de la presente Ley y de los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, realizando recomendaciones y apoyo técnico a las funciones del Estado y a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; f) Contribuir a la creación de comités ciudadanos de vigilancia del cumplimiento de esta Ley como mecanismo de transparencia, participación ciudadana y control social, que permita diagnosticar necesidades de reformas de las leyes, planes, programas o proyectos que se ejecuten en favor de las víctimas de violencia; g) Contribuir técnicamente con el Observatorio Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres; h) Brindar asistencia técnica a todas las instituciones del Sistema, en la formulación y transversalización de las políticas públicas, programas, proyectos, protocolos y cualquier otro instrumento que se requiera para la aplicación de esta Ley; e, i) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 31.- Ente rector de la regulación en la comunicación. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Establecer los mecanismos que garanticen contenidos de comunicación con enfoque de género que incluya la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; b) Desarrollar campañas de sensibilización para difundir contenidos que fomenten los derechos humanos de las mujeres y para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; c) Garantizar contenidos educativos que promuevan cambios socioculturales y la erradicación de los estereotipos de género que promueven la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; d) Desarrollar e implementar programas de sensibilización y formación continua dirigidos al personal de los medios de comunicación, sobre derechos humanos de las mujeres, enfoque de género; y, e) Velar por el cumplimiento de las regulaciones que eviten contenidos discriminatorios, sexistas o que promuevan la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios; y, f) Las demás que establezca la normativa vigente.
Art. 32.- Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Levantar y proveer de información estadística al Registro Unico de Violencia contra las Mujeres de acuerdo a los lineamientos y normativa emitidos por el ente rector de Sistema; b) Realizar encuestas especializadas en violencia a nivel nacional que aporten al Registro Unico de Violencia contra las Mujeres, de conformidad con el Plan Nacional de Estadística; c) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 33.- Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Articular la atención de los servicios de emergencia de forma oportuna, inmediata, eficiente, ante las alertas o señales de auxilio a las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores víctimas de violencia; b) Coordinar permanentemente en el ámbito de sus competencias con las entidades que conforman el Sistema Nacional Integral de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres; y, c) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 34.- Consejo de la Judicatura.- Sin perjuicio de las facultades establecidas en la normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Requerir a la Fiscalía, Defensoría Pública y Policía Nacional, información estadística sobre todos los casos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, ejecutados por el presunto agresor; estado del proceso, causas y circunstancias, entre otras, en las que se produjo la violencia, con el fin de sistematizar y unificar cualquier Registro Judicial que mantenga la Institución con el Sistema de Registro Unico de Violencia Contra las Mujeres, que considere las reservas legales existentes; b) Garantizar el acceso a la justicia en la lengua propia de cada etnia en la atención integral, reparación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, es decir, se deberá contar con los traductores necesarios para su actuación inmediata, preprocesal y en todas las etapas del proceso judicial; c) Garantizar el acceso a la justicia a través del medio de comunicación que requiera, acorde con la discapacidad, en la atención integral, reparación y restitución de los derechos vulnerados de las víctimas de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, es decir, se deberá contar con intérpretes necesarios para su actuación inmediata, preprocesal y en todas las etapas del proceso judicial; d) Desarrollar programas permanentes de capacitación para jueces y juezas, así como para operadores de justicia sobre derechos humanos, enfoque de género, derecho a una vida libre de violencia, procedimientos especializados, entre otros temas; e) Realizar procesos de evaluación permanente al personal judicial con el fin de medir la eficiencia y eficacia de su respuesta ante hechos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; f) Crear planes, programas y proyectos para capacitar a los funcionarios judiciales, incluso funcionarios administrativos, en el manejo de medidas de protección de la víctima y prácticas no revictimizantes, en los servicios judiciales; g) Fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social, así como más juezas y jueces especializados en esta materia; h) Iniciar los sumarios administrativos en contra de aquellos servidores judiciales que hayan incurrido en alguna de las faltas tipificadas y sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial, por haber violado los derechos y garantías constitucionales de las mujeres víctimas de violencia de género, sin perjuicio del inicio de las acciones civiles y/o penales correspondientes; i) Seguimiento de recepción de denuncias y otorgamiento de medidas de protección en las Unidades Judiciales y por parte de los Jueces de Garantías Penales, así como, de las demás unidades competentes para conocer estadísticas, de hechos y actos de violencia; y, j) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 35.- Fiscalía General del Estado. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Asegurar que la gestión jurídica y técnica de las causas penales se la realice con enfoque de género; b) Garantizar la implementación de programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos con enfoque de género; c) Contar con fiscales especializados en violencia de género contra las mujeres; d) Fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estará integrado por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social; e) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres y sus dependientes; f) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen las causas de esta naturaleza; y, g) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 36.- Defensoría Pública. Son atribuciones de la Defensoría Pública, sin perjuicio de las facultades establecidas en la normativa vigente, las siguientes: a) Brindar un servicio de asesoría y patrocinio jurídico gratuito, con enfoque de género y diversidad en la atención, a todas las mujeres víctimas de violencia de género; b) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de atención a mujeres víctimas de violencia de género; c) Como defensores de las víctimas, solicitar medidas de reparación integral en los casos patrocinados y realizar su seguimiento; d) Definir procesos y herramientas para el servicio legal, que garanticen el ejercicio de una defensa técnica, eficiente y oportuna, respetuosa de los derechos humanos; e) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos, con enfoque de género, diversidad y derecho a una vida libre de violencia; f) Contar con defensores públicos especializados en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género; g) Crear equipos técnicos para la atención a mujeres víctimas de violencia de género, específicamente integrados por profesionales de psicología, trabajo social u otros; h) Controlar de manera periódica el nivel de satisfacción de las personas usuarias en los servicios de atención especializada a mujeres víctimas de violencia de género; i) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen las causas de esta naturaleza; y, j) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 37.- Defensoría del Pueblo. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Velar porque las actuaciones y argumentos de defensa tengan un correcto manejo de la causa tanto para los intereses proteccionistas del Estado como los de la víctima; b) Diseñar e implementar programas de sensibilización y formación en materia de derechos humanos, enfoque de género y el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, dirigidas a su personal; c) Fortalecer la conformación de los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia que estarán integrados por profesionales especializados en medicina, psicología y trabajo social; d) Velar por el cumplimiento de los derechos al debido proceso y celeridad procesal en los casos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y sus dependientes; e) Controlar de manera periódica la satisfacción de los usuarios en los servicios de atención especializada para víctimas de violencia de género; f) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen la naturaleza del tipo de causas; g) Atender de forma prioritaria peticiones individuales o colectivas relacionadas con amenaza o vulneración de los derechos humanos de las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y brindar asesoría jurídica gratuita; h) Desarrollar campañas nacionales de sensibilización y concienciación sobre prevención y erradicación de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores y la de construcción y transformación de los patrones culturales, patriarcales, discriminatorios y violentos y de la cultura del privilegio, así como la eliminación de los estereotipos de género en materia laboral y la consolidación de la democracia paritaria para alcanzar la igualdad de género; i) Informar de manera obligatoria a la Función Judicial sobre las denuncias de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores que reciban en su dependencia; j) Realizar el seguimiento y control del proceso de otorgamiento de las medidas administrativas, de su cumplimiento y aplicación; y, k) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 38.- Gobiernos Autónomos Descentralizados. Sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones: a) Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; de acuerdo con los lineamientos generales especializados de diseño y formulación de la política pública otorgada por el ente rector del Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; b) Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores; c) Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como capacitar al personal en atención y emisión de medidas; d) Promover la creación de Centros de Equidad y Justicia para la Protección de Derechos y brindar atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con equipos técnicos y especializados; e) Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden para su garantía, establecerse en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional; f) Promover campañas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres, dirigidas a la comunidad, según su nivel de competencia; g) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema, de los casos de violencia de género contra las mujeres; h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia de género contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores, que actualice
permanentemente el Registro de Violencia contra las Mujeres; i) Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres víctimas de violencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Registro de Violencia de Género contra las Mujeres; j) Evaluar de manera periódica el nivel de satisfacción de las usuarias en los servicios de atención especializada para víctimas; k) Remitir la información necesaria para la construcción de estadísticas referentes al tipo de infracción, sin perjudicar la confidencialidad que tienen la naturaleza del tipo de causas; l) Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de prevención como alarmas, rondas de vigilancia y acompañamiento, adecentamiento de espacios públicos, en conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas; m) Promover iniciativas locales como Mesa Intersectorial de Violencia, Sistema Provincial Integrado de Prevención y Atención de las Víctimas de Violencia de Género y, servicios de atención de casos de violencia de género; Redes locales, regionales y provinciales, de organismos públicos y organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la temática, entre otras; n) Definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación; o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad; y, o) Las demás que establezca la normativa vigente.. Art. 39.- Obligatoriedad general de las instituciones que conforman el Sistema. Todas las entidades públicas que forman parte del Sistema, están obligadas a remitir la información requerida en materia de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores al Registro Único de Violencia contra las Mujeres.